Hace un par de años soy usuaria de la Ruta Violeta del Corredor Agua Caliente en Tijuana, un servicio que traslada gratuitamente a mujeres y menores. La iniciativa se presenta como una política orientada a la seguridad de este sector de la población; sin embargo, termina revelando una paradoja: bajo el discurso proteccionista también se filtran formas de violencia estructural que continúan reproduciendo la desigualdad de género.
Por un lado, se evidencia la incapacidad institucional para garantizar plenamente el derecho a la movilidad —algo que se refleja en la inconformidad recurrente de sus pasajeras— y, por otro, desplaza la responsabilidad de la seguridad hacia las propias mujeres, en lugar de transformar de manera activa las condiciones que sostienen prácticas discriminatorias.
Los problemas no son meramente abstractos. Hasta ahora se han registrado más de 200 quejas por malos tratos por parte de los choferes, principalmente derivadas de adultas mayores¹. Solo en 2024 se reportaron 53 casos, apenas un año después de que comenzara a operar el servicio². A estos incidentes se suma la sanción a un operador por ver videos para adultos mientras conducía³ y, más grave aún, el atropellamiento que costó la vida a un ciclista a manos de otro conductor de estas unidades⁴.
Existir en el espacio público bajo dispositivos de disciplina y regulación moral
Sin embargo, estas contradicciones no se limitan a los conflictos operativos del servicio. También se expresan en el lenguaje que pretende regular la conducta de las pasajeras. Un ejemplo claro es el tono punitivista con el que está redactado el reglamento que algunos de estos camiones portan, que más que establecer normas básicas de convivencia, parece anticipar una falta: reprocha, advierte y disciplina.
Como se leen en los siguientes fragmentos «los accidentes pasan y no es buena para decir disculpe, prefiere quedarse callada y que se haga un cochinero» o «el operador está para dar un servicio, no complacencias». A ello se suma la apelación a una figura masculina como medida de corrección moral: «si fuera su padre, hijo o esposo, no le gustaría que mujeres agresivas, groseras y maleducadas hablen mal, ¿verdad?».
La advertencia no evoca el respeto entre usuarias ni la convivencia en un espacio público compartido, sino la posibilidad de incomodar a un hombre hipotético. De este modo, la conducta femenina sigue siendo regulada a partir de una lógica de tutela patriarcal en la que los cuerpos feminizados se imaginan en relación con la mirada o la incomodidad de un varón.
De la solidaridad a la vigilancia en contextos de precariedad
Lo más lamentable es presenciar cómo, en apenas dos años, la dinámica interna ha cambiado drásticamente. Si al principio predominaba una solidaridad espontánea y el intercambio de una experiencia compartida entre usuarias, hoy esa relación parece haber sido sustituida por una suerte de vigilancia moral: una disposición constante a señalar, acusar o disciplinar entre compañeras para asegurar que nadie ponga en riesgo la continuidad del servicio.
Este cambio también puede comprenderse a la luz del panorama más amplio del sistema de transporte público estatal, regulado por el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), que lejos de garantizar un servicio accesible sólo ha avanzado en procesos de privatización. Estos se traducen en concesiones, aumentos tarifarios sin consultas públicas previas, ausencia de nuevas unidades y falta de mejoras sustantivas en la infraestructura, lo cual termina afectando directamente a quienes dependen cotidianamente de estos medios de transporte.
La mercantilización del derecho a la movilidad
Así, el transporte funciona como un negocio privado antes que como un derecho. Y en el caso de las mujeres tampoco representa una alternativa sostenible. De ahí que la “mejor” opción sea acudir a un servicio gratuito que corre el riesgo de reafirmar —aunque sea de forma sutil— la vieja sospecha sobre su presencia en el espacio público. Así, la iniciativa parece visibilizar una tensión más profunda que dista de garantizar el derecho a la movilidad con perspectiva de género: la segregación y la vigilancia bajo el argumento de la protección.
Entiendo que no vamos a transformar las condiciones estructurales que ponen en riesgo a los cuerpos feminizados y las infancias mediante estrategias gubernamentales que ignoran las necesidades y la realidad material de estas poblaciones. Pero sí podemos empezar por leer entre líneas, señalar las contradicciones que suponen este tipo de medidas y cuidar los lazos comunitarios. Atravesamos un panorama complejo, caracterizado por una crisis humanitaria y un entorno político inestable.
La violencia de género persiste y no es un hecho aislado, pues como han mencionado algunas voces dentro del feminismo, pareciera que más allá de que se nos hubiera desalentado a seguir involucrándonos en los debates feministas⁵, se nos ha despojado de una sensibilidad: de una forma de pararnos ante la realidad. Y quizás, recuperar esa sensibilidad sea también el primer paso para imaginar ciudades que dejen de administrar el miedo y amplíen nuestra libertad de habitarlas.
¹ Vázquez, R. (2026). Denuncian discriminación a adultas mayores en Transporte Violeta de Tijuana. Semanario ZETA.
² Ortiz, A. (2024). Transporte violeta en Tijuana acumula quejas por malos tratos de choferes. Semanario ZETA.
³ Salinas, L. Y. (2025). Sancionan a chofer por ver video para adultos. El Imparcial.
⁴ Farfan, L. C. (2025). Ciclistas colocan bici para honrar a compañero que falleció atropellado y cierran el bulevar Agua Caliente. El Sol de México.
⁵ Tenenbaum, T. (2025). Un millón de cuartos propios: Ensayo para un tiempo ajeno. Paidós.
